Los once magistrados del Tribunal Supremo, un órgano con apenas 14 años de vida y complicado encaje en la estructura política británica, eran conscientes de que su decisión en este caso haría historia. Y actuaron acorde con lo que exigen los cánones a un tribunal de garantías constitucionales: decidieron por unanimidad, argumentaron con la solvencia jurídica requerida y fueron claros en su resolución. “El consejo del primer ministro [a la reina, para que ordenara la suspensión del Parlamento] fue ilegal y ajeno a los poderes del cargo”. Y, por tanto, la orden misma, “basada en un consejo ilegal, fue ella misma ilegal, nula y sin efecto, y debe ser suprimida”. La presidenta del Supremo, Brenda Hale, se tomó su tiempo en desgranar los argumentos de una sentencia que deja claro que el objetivo último de Johnson fue atar en corto a los diputados y frustrar sus intentos de frenar un Brexit salvaje. “No se trató de un cierre rutinario del periodo de sesiones”, dijo la sentencia. “Evitó que el Parlamento cumpliera con su papel constitucional durante cinco de las ocho semanas que van desde el fin del receso veraniego al 31 de octubre [la fecha fijada oficialmente para el Brexit]”.

El Supremo reinstauró la soberanía del Parlamento, propinó a Johnson una derrota demoledora, y afianzó su papel como garante de una Constitución que, aunque no esté escrita, existe y prevalece sobre los actos del Gobierno. “Y los tribunales no pueden esquivar su responsabilidad simplemente porque la medida en cuestión pertenezca a la esfera política”, dice la sentencia, en contra de lo que defendía el Gobierno.

Fuente: EL PAIS

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